Dieciocho años atrás, distinguidos panistas (entre ellos uno de apellido Abascal) organizaron la Resistencia Civil Activa y Pacífica (Recap). Un centenar de instructores -capacitados por especialistas filipinos- trabajaron de enero a abril de 1988 en una docena de las principales ciudades del país hasta contar con unas dos mil quinientas personas "graduadas" que a su vez tratarían de "involucrar" en la citada Recap a entre 20 mil y 30 mil ciudadanos dispuestos a defender el triunfo que suponían habría de obtener el candidato presidencial Manuel de Jesús Clou-thier pero le sería arrebatado mediante un "monstruoso" fraude electoral.
La historia de esa resistencia clandestina, preparada pero no ejercida -recuérdese que la dirigencia panista acabó negociando con Carlos Salinas de Gortari para "legitimarlo en los hechos"-, fue revelada por Mary Lou Dabdoub, reportera de la revista Contenido, que en su entrega de julio de 1988 publicó "Yo asistí a un curso de resistencia civil". Dabdoub estuvo en una casa de las Lomas de Chapultepec, en el Distrito Federal, donde participó en el cursillo que estuvo a cargo de Héctor Valenzuela, entonces candidato panista a senador por el estado de México, Rodrigo y Fernando Amerlinck (dirigentes ahora de México Unido contra la Delincuencia) y Salvador Abascal, varias veces legislador panista, presidente de la Fundación Rafael Preciado y hermano del actual secretario de Gobernación.
"En el Distrito Federal, los cursillos de Recap se impartían en casas particulares, a grupos de entre 20 y 30 personas, los fines de semana. Las sesiones abarcaban quince horas (ocho el sábado y siete el domingo) y la instrucción costaba diez mil pesos", escribió Mary Lou en ese "reportaje gigante" al cual corresponde todo lo que aquí aparezca entrecomillado. De entrada, el instructor Valenzuela les advirtió que se estaban preparando para una "guerra" que se libraría "en julio próximo, con motivo de las elecciones, y el enemigo será el gobierno, si es que hay fraude abierto".Uno de los asistentes pidió que fuera definido "qué es y qué no es sabotaje", y la respuesta de los instructores fue: "Bloquear por horas los teléfonos de una radioemisora o canal de televisión con llamadas para protestar por la información amañada a favor del gobierno es una legítima reclamación, ejercicio de un derecho del público; en cambio, cortar las líneas es sabotaje, un acto inmoral al que no se debe recurrir. En Ciudad Juárez se tomaron los puentes, pero no fueron volados".
Rodrigo Amerlinck explicó luego los "198 modos de protestar" que contiene el "manual de Recap: Desde hablar con la gente en la calle, colas, jardines públicos, salas de espectáculos, estadios, etcétera, hasta organizar marchas, mítines, plantones y desfiles, pasando por el envío de cartas a los periódicos, la publicación de desplegados en la prensa y la exhibición de mantas, letreros y pancartas. Lo fundamental en la etapa de la protesta es convencer a más y más gente, para contar con el número adecuado de militantes a la hora de encarar acciones más ambiciosas".
"El segundo paso es la no cooperación, que puede ir desde negarse a asistir a determinados actos hasta retirar masivamente los depósitos de los bancos y declarar la huelga general. La gama intermedia de posibles acciones de no cooperación es muy amplia: no utilizar ciertos servicios del gobierno, no pagar impuestos, no consumir ciertos productos, no comprar en determinados comercios, no leer tales periódicos, no escuchar tales radioemisoras, no ver tales canales de televisión, etc."
"Un paso más adelante -decía Rodrigo Amerlinck- se entra de lleno al terreno de la desobediencia. Antes de dar este paso hay que contar con una gran masa de militantes, porque si los desobedientes son muchos, el gobierno no puede castigarlos a todos y, generalmente, opta por no castigar a ninguno". La última etapa sería "la de intervención", en la que "los desobedientes no se limitan a desobedecer, sino que procuran impedirle al gobierno gobernar. Formas de intervención son los bloqueos de puentes, carreteras y vías férreas; transmitir información con equipos de radio y televisión no autorizados, invadiendo o interfiriendo las transmisiones oficiales; la impresión y distribución de periódicos y panfletos; las huelgas de hambre en lugares públicos; mantener sitiados día y noche oficinas y edificios gubernamentales, y bloquearles teléfonos y télex, para impedir el trabajo de la burocracia; además de la constante movilización en las calles, para arrinconar y asfixiar al gobierno".
Salvador Abascal había dado antes los fundamentos filosóficos de Recap (basada esa resistencia en "las enseñanzas y experiencias de Gandhi y Martin Luther King, sin olvidar al pionero en estas tácticas: Jesús"): "La auténtica autoridad ejerce poder porque la gente se lo reconoce y concede: vence porque convence. El que sólo se adueña del poder, no de la autoridad, es obedecido únicamente en la medida del miedo que inspira, de la amenaza que ofrece, de la corrupción que ejerce (...) Si la autoridad se mantiene legítima, el respeto de la gente no se acaba. En cambio, llega un momento en que el poder arbitrario, ilegítimo, empieza a inspirar cada vez menos miedo y más desprecio". Por todo ello, "desacatar la ley injusta significa acatar una ley más importante, la del respeto a la propia dignidad".
Fernando Amerlinck, por su parte, apuntó en un pizarrón lo que según los asistentes eran "puntales" que soste-nían un poder como el de, en ese tiempo, el PRI: "Los sindicatos domesticados", "la complicidad de los medios de información", "la servidumbre de los ejidatarios", "la corrupción inculcada desde arriba", "el gran fraude de las paraestatales", "la fuerza bruta de ejército y policía", "el fraude electoral"...
A dieciocho años de distancia, la periodista Mary Lou Dabdoub puede estar segura de que hay reportajes que resisten el paso del tiempo.
Y, mientras reaparece la historia de la señora Marta y sus hijitos escandalosamente enriquecidos (historia clave para entender el aparente desquiciamiento de Fox en busca de mantener al PAN en el poder: perder las elecciones sería abrir camino a las familias del sexenio rumbo a la cárcel), ¡nos vemos el domingo, en la marcha, y el lunes aquí, en esta columna que sabe resistir sin que le den cursillos!
Julio Hernández López
Fax: 5605-2099
juliohdz@jornada.com.mx
www.juliohernandez.com.mx
viernes, julio 28, 2006
La jauja de BBVA Bancomer
carlos acosta córdova/apro
México, D.F., 27 de julio (apro).- Tanto acapara nuestra atención el proceso poselectoral que sus vaivenes, a veces tragicómicos, nos obnubilan y nos impiden reparar en muchas otras noticias que muy bien podrían ser también de escándalo nacional. Es el caso de una información que apareció por allá, perdida en las secciones financieras de los diarios y los portales informativos: el español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria duplicó sus ganancias netas en el primer semestre del año.
El hecho parecería no tener mayor relevancia, si no fuera porque el extraordinario brinco en las utilidades de ese banco –de 998 millones de euros en el primer semestre de 2005 a 2,320 mde (2,930 millones de dólares) en el mismo periodo de este año–, se debió a los ingresos que le genera su subsidiaria en México y que es nada más y nada menos que Bancomer. Sí, el ahora llamado BBVA Bancomer, que reportó aquí utilidades en el primer semestre por 10,575 millones de pesos –un 53% más que en el primer semestre de 2005–, le aportó a su matriz poco más de mil millones de dólares, casi el 45% de las ganancias netas de aquella.
Otro dato: si de las utilidades netas del banco global se excluyeran los ingresos que tuvo por ventas de activos (posiciones en otros bancos y en la petrolera Repsol) y por diversos beneficios fiscales, las utilidades por actividad bancaria son de 1,160 millones de dólares. Y de esa cantidad, Bancomer le aportó 1,007 millones de dólares. Es decir, el banco “mexicano” le dio más que todas las subsidiarias que tiene el BBVA en el mundo. De hecho, este banco es un verdadero grupo multinacional de servicios financieros, con 95 mil empleados, 35 millones de clientes y un millón de accionistas en 32 países. Nada más por comparar con países de nuestra región: el BBVA de Argentina le aportó al corporativo 123 millones de dólares, y el de Colombia 76.8 mdd…, contra los más de mil millones de Bancomer. Gran negocio, pues, hicieron los españoles al adquirir en el 2000 al segundo banco más importante de México.
Hasta actualmente pareciera que no hay en ello nada anómalo o irregular, o siquiera extraordinario. Que podría tratarse de un resultado que es producto de la eficiencia y la modernización que imprimió BBVA a Bancomer. Pero no. Lo más grave de todo es que los magníficos resultados del banco “mexicano” no se deben –como lo es en casi toda la banca nacional– a la actividad propiamente bancaria, a su función principal de otorgar crédito para las actividades productivas, de intermediar entre quien necesita dinero y quien lo tiene.
Se sabe de sobra que las utilidades de Bancomer provienen de las altas comisiones que cobra por sus servicios, de las tasas de usura que cobra por sus créditos, sobre todo en tarjeta de crédito y, el colmo, de los intereses que recibe por el pagaré del Fobaproa–IPAB, pues fue uno de los bancos rescatados por el gobierno, quien ahora, con recursos de todos los mexicanos, le facilita la vida a ese banco. La estimación oficial más reciente calcula en 2,304 millones de pesos los intereses que el gobierno pagó a Bancomer en los primeros tres meses del año.
Además, la propia información oficial de Bancomer, difundida este jueves, da cuenta que el banco tuvo ingresos por comisiones por 9,415 millones de pesos, es decir, apenas 1,160 millones menos que el monto total de sus utilidades netas.
Y para rematar, el Banco de México ha señalado de manera insistente la voracidad de los bancos en México, que cobran aquí intereses muy superiores a los que cobran en sus países sede. El ejemplo del BBVA es ilustrativo y grave: mientras en España cobra una tasa de interés anual de 34.9% por su tarjeta de crédito clásica, en México, a través de Bancomer, cobra una tasa anual de ¡75.1%!
Por eso los españoles están felices. Sus directivos no paran de celebrar el gran negocio que hicieron en México y siempre elogian los “magníficos resultados” conseguidos a través de Bancomer.
Y en México lo que queda es poco crédito y caro para la actividad productiva, una clientela desangrada, un erario despojado y unas autoridades financieras que ni pío dicen de todo esto.
Comentarios: cgacosta@proceso.com.mx
México, D.F., 27 de julio (apro).- Tanto acapara nuestra atención el proceso poselectoral que sus vaivenes, a veces tragicómicos, nos obnubilan y nos impiden reparar en muchas otras noticias que muy bien podrían ser también de escándalo nacional. Es el caso de una información que apareció por allá, perdida en las secciones financieras de los diarios y los portales informativos: el español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria duplicó sus ganancias netas en el primer semestre del año.
El hecho parecería no tener mayor relevancia, si no fuera porque el extraordinario brinco en las utilidades de ese banco –de 998 millones de euros en el primer semestre de 2005 a 2,320 mde (2,930 millones de dólares) en el mismo periodo de este año–, se debió a los ingresos que le genera su subsidiaria en México y que es nada más y nada menos que Bancomer. Sí, el ahora llamado BBVA Bancomer, que reportó aquí utilidades en el primer semestre por 10,575 millones de pesos –un 53% más que en el primer semestre de 2005–, le aportó a su matriz poco más de mil millones de dólares, casi el 45% de las ganancias netas de aquella.
Otro dato: si de las utilidades netas del banco global se excluyeran los ingresos que tuvo por ventas de activos (posiciones en otros bancos y en la petrolera Repsol) y por diversos beneficios fiscales, las utilidades por actividad bancaria son de 1,160 millones de dólares. Y de esa cantidad, Bancomer le aportó 1,007 millones de dólares. Es decir, el banco “mexicano” le dio más que todas las subsidiarias que tiene el BBVA en el mundo. De hecho, este banco es un verdadero grupo multinacional de servicios financieros, con 95 mil empleados, 35 millones de clientes y un millón de accionistas en 32 países. Nada más por comparar con países de nuestra región: el BBVA de Argentina le aportó al corporativo 123 millones de dólares, y el de Colombia 76.8 mdd…, contra los más de mil millones de Bancomer. Gran negocio, pues, hicieron los españoles al adquirir en el 2000 al segundo banco más importante de México.
Hasta actualmente pareciera que no hay en ello nada anómalo o irregular, o siquiera extraordinario. Que podría tratarse de un resultado que es producto de la eficiencia y la modernización que imprimió BBVA a Bancomer. Pero no. Lo más grave de todo es que los magníficos resultados del banco “mexicano” no se deben –como lo es en casi toda la banca nacional– a la actividad propiamente bancaria, a su función principal de otorgar crédito para las actividades productivas, de intermediar entre quien necesita dinero y quien lo tiene.
Se sabe de sobra que las utilidades de Bancomer provienen de las altas comisiones que cobra por sus servicios, de las tasas de usura que cobra por sus créditos, sobre todo en tarjeta de crédito y, el colmo, de los intereses que recibe por el pagaré del Fobaproa–IPAB, pues fue uno de los bancos rescatados por el gobierno, quien ahora, con recursos de todos los mexicanos, le facilita la vida a ese banco. La estimación oficial más reciente calcula en 2,304 millones de pesos los intereses que el gobierno pagó a Bancomer en los primeros tres meses del año.
Además, la propia información oficial de Bancomer, difundida este jueves, da cuenta que el banco tuvo ingresos por comisiones por 9,415 millones de pesos, es decir, apenas 1,160 millones menos que el monto total de sus utilidades netas.
Y para rematar, el Banco de México ha señalado de manera insistente la voracidad de los bancos en México, que cobran aquí intereses muy superiores a los que cobran en sus países sede. El ejemplo del BBVA es ilustrativo y grave: mientras en España cobra una tasa de interés anual de 34.9% por su tarjeta de crédito clásica, en México, a través de Bancomer, cobra una tasa anual de ¡75.1%!
Por eso los españoles están felices. Sus directivos no paran de celebrar el gran negocio que hicieron en México y siempre elogian los “magníficos resultados” conseguidos a través de Bancomer.
Y en México lo que queda es poco crédito y caro para la actividad productiva, una clientela desangrada, un erario despojado y unas autoridades financieras que ni pío dicen de todo esto.
Comentarios: cgacosta@proceso.com.mx
La violencia
México, D.F., 26 de julio (apro).- Violencia llama violencia, y ésta se acentúa cuando se promueve desde el poder o desde los sectores más poderosos como los empresarios, los medios, la iglesia y los partidos políticos.
Como durante la campaña, cuatro actores nuevamente han aparecido en el conflicto poselectoral para motivar el miedo en la sociedad de que si el Tribunal Electoral no le da el triunfo a Felipe Calderón habrá inestabilidad social y económica en el país.
La Presidencia de la República, organizaciones civiles de ultraderecha, los empresarios y algunos medios lideran la campaña que está centrada nuevamente en señalar al PRD y a Andrés Manuel López Obrador como los responsables directos de que una eventual violencia.
Estos cuatro actores están tomando el papel de voceros de Calderón, defendiendo su victoria y denostando cualquier posibilidad de anulación. Es más, bajo el lema de “respeto a la ley” –olvidan que ellos violaron la ley electoral al hacer campaña por Calderón– sostienen que no es posible el recuento de votos ni la anulación de la elección, con la consabida llegada de un presidente interino.
Con expresiones como la de Rubén Aguilar, vocero de la Presidencia, se conculca nuevamente la ley al considerar como “absurda” la posibilidad de una presidencia interina, puesto que en el artículo 85 de la Constitución se prevé el escenario para la llegada de un presidente interino, nombrado por el Congreso en caso de que no haya presidente electo al momento de que el nuevo periodo legislativo inicie sus actividades.
Cual jinetes del Apocalipsis, estos cuatro protagonistas sociales vienen propalando el fin de la democracia si el Tribunal Electoral falla en contra de Calderón; en los hechos están manejando escenarios tremendistas de ingobernabilidad.
¿Qué más violencia puede haber que estas amenazas difundidas en radio y televisión todo el día, en una propaganda goebbelsiana que nos machaca todo el tiempo una mentira hasta convertirla en verdad mediática?
Los cuatro amigos de Calderón acusan de “revoltosos” a los ciudadanos que han demandado pacíficamente en las calles el recuento de voto por voto, casilla por casilla, demanda cuyo fondo apunta a que se limpie la elección presidencial del 2 de julio para que el próximo mandatario se legitime y pueda gobernar con amplios espacios de negociación.
Y en esta descalificación está inmanente la proclama de la violencia.
Es una violencia que tarda en expresarse, que se va incubando y sale a la superficie en cualquier momento, en cualquier circunstancia: la marcha del próximo domingo, por ejemplo, sería el instante más propicio para que grupos ultrarradicales o provocadores profesionales hicieran de las suyas.
La actuación del IFE durante y después de los comicios no ha ayudado en nada a tranquilizar los ánimos sociales. Al contrario, al salir en televisión con spots a defender el resultado a favor de Felipe Calderón sólo ha acendrado la animadversión que hay en un sector de la sociedad que ve a dicho instituto como un fracaso por la serie de yerros en la organización del proceso electoral.
Tampoco la Presidencia de la República ha desempeñado un papel imparcial o neutro en este conflicto político que puede convertirse en social. Los llamados de Vicente Fox “a defender las instituciones” y las expresiones del vocero Rubén Aguilar de llamar “absurdo” lo que en la Constitución se prevé como es el nombramiento de un presidente interino en caso de que al inicio de la nueva legislatura no haya presidente electo, sólo le echa más leña al fuego, pues corroboran la idea generalizada de que desde Los Pinos se organizó la campaña de Felipe Calderón.
En tanto que la campaña televisiva de empresarios y organizaciones civiles de derecha exigiendo que ya no haya manifestaciones públicas ni políticas para el recuento de votos, solamente están conduciendo a la radicalización de los grupos de simpatizantes de Calderón que ya empiezan a manifestarse con violencia por distintas vías en contra de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. Los casos más claros son las recientes amenazas que han recibido Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis.
Pero si estos cuatro actores han creado condiciones para que se exprese la violencia, otros más han hecho declaraciones igualmente peligrosas.
La maestra Elba Esther Gordillo, pasándose por el arco del triunfo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, llamó a Felipe Calderón “Presidente Electo”. No obstante que luego dijo que había sido un “error”, la expresión de la dirigente del SNTE fue lanzada con toda intención, fue un mensaje a los magistrados de que para ella ya estaba decidido y el panista será el próximo presidente.
En tanto que la declaración de López Obrador a la cadena de televisión estadunidense de que es ya es el Presidente de México “por voluntad de la mayoría”, seguramente radicalizará más a sus seguidores, lo cual abona las posibilidades de expresiones violentas en las próximas “asambleas informativas”.
El ambiente social se viene crispando y paradójicamente los mismos que llaman a la paz, al orden y a la armonía son los primeros en sentar las bases para un estallido social. Se olvidan que la violencia oficial es, antes que todo, el precursor de toda inconformidad social.
josé gil olmos/apro
Como durante la campaña, cuatro actores nuevamente han aparecido en el conflicto poselectoral para motivar el miedo en la sociedad de que si el Tribunal Electoral no le da el triunfo a Felipe Calderón habrá inestabilidad social y económica en el país.
La Presidencia de la República, organizaciones civiles de ultraderecha, los empresarios y algunos medios lideran la campaña que está centrada nuevamente en señalar al PRD y a Andrés Manuel López Obrador como los responsables directos de que una eventual violencia.
Estos cuatro actores están tomando el papel de voceros de Calderón, defendiendo su victoria y denostando cualquier posibilidad de anulación. Es más, bajo el lema de “respeto a la ley” –olvidan que ellos violaron la ley electoral al hacer campaña por Calderón– sostienen que no es posible el recuento de votos ni la anulación de la elección, con la consabida llegada de un presidente interino.
Con expresiones como la de Rubén Aguilar, vocero de la Presidencia, se conculca nuevamente la ley al considerar como “absurda” la posibilidad de una presidencia interina, puesto que en el artículo 85 de la Constitución se prevé el escenario para la llegada de un presidente interino, nombrado por el Congreso en caso de que no haya presidente electo al momento de que el nuevo periodo legislativo inicie sus actividades.
Cual jinetes del Apocalipsis, estos cuatro protagonistas sociales vienen propalando el fin de la democracia si el Tribunal Electoral falla en contra de Calderón; en los hechos están manejando escenarios tremendistas de ingobernabilidad.
¿Qué más violencia puede haber que estas amenazas difundidas en radio y televisión todo el día, en una propaganda goebbelsiana que nos machaca todo el tiempo una mentira hasta convertirla en verdad mediática?
Los cuatro amigos de Calderón acusan de “revoltosos” a los ciudadanos que han demandado pacíficamente en las calles el recuento de voto por voto, casilla por casilla, demanda cuyo fondo apunta a que se limpie la elección presidencial del 2 de julio para que el próximo mandatario se legitime y pueda gobernar con amplios espacios de negociación.
Y en esta descalificación está inmanente la proclama de la violencia.
Es una violencia que tarda en expresarse, que se va incubando y sale a la superficie en cualquier momento, en cualquier circunstancia: la marcha del próximo domingo, por ejemplo, sería el instante más propicio para que grupos ultrarradicales o provocadores profesionales hicieran de las suyas.
La actuación del IFE durante y después de los comicios no ha ayudado en nada a tranquilizar los ánimos sociales. Al contrario, al salir en televisión con spots a defender el resultado a favor de Felipe Calderón sólo ha acendrado la animadversión que hay en un sector de la sociedad que ve a dicho instituto como un fracaso por la serie de yerros en la organización del proceso electoral.
Tampoco la Presidencia de la República ha desempeñado un papel imparcial o neutro en este conflicto político que puede convertirse en social. Los llamados de Vicente Fox “a defender las instituciones” y las expresiones del vocero Rubén Aguilar de llamar “absurdo” lo que en la Constitución se prevé como es el nombramiento de un presidente interino en caso de que al inicio de la nueva legislatura no haya presidente electo, sólo le echa más leña al fuego, pues corroboran la idea generalizada de que desde Los Pinos se organizó la campaña de Felipe Calderón.
En tanto que la campaña televisiva de empresarios y organizaciones civiles de derecha exigiendo que ya no haya manifestaciones públicas ni políticas para el recuento de votos, solamente están conduciendo a la radicalización de los grupos de simpatizantes de Calderón que ya empiezan a manifestarse con violencia por distintas vías en contra de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. Los casos más claros son las recientes amenazas que han recibido Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis.
Pero si estos cuatro actores han creado condiciones para que se exprese la violencia, otros más han hecho declaraciones igualmente peligrosas.
La maestra Elba Esther Gordillo, pasándose por el arco del triunfo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, llamó a Felipe Calderón “Presidente Electo”. No obstante que luego dijo que había sido un “error”, la expresión de la dirigente del SNTE fue lanzada con toda intención, fue un mensaje a los magistrados de que para ella ya estaba decidido y el panista será el próximo presidente.
En tanto que la declaración de López Obrador a la cadena de televisión estadunidense de que es ya es el Presidente de México “por voluntad de la mayoría”, seguramente radicalizará más a sus seguidores, lo cual abona las posibilidades de expresiones violentas en las próximas “asambleas informativas”.
El ambiente social se viene crispando y paradójicamente los mismos que llaman a la paz, al orden y a la armonía son los primeros en sentar las bases para un estallido social. Se olvidan que la violencia oficial es, antes que todo, el precursor de toda inconformidad social.
josé gil olmos/apro
domingo, julio 16, 2006
La Intolerancia
México, DF, 12 de julio (apro).- El pasado viernes 7 a las nueve de la noche, sin ninguna explicación, Televisa canceló de ultima hora una entrevista con Andrés Manuel López Obrador.
Aunque ya se tenía confirmada, la conversación con Joaquín López Dóriga fue cancelada sin ninguna explicación, cerrando así la oportunidad de conocer las impugnaciones que el tabasqueño ya tenía preparadas, entre ellas las grabaciones de Elba Esther Gordillo y Pedro Cerisola con el gobernador priista de Tamaulipas, Eugenio Hernández, haciendo proselitismo a favor de Felipe Calderón.
Cuatro días después se realizó la entrevista, pero más que un cuestionamiento, López Dóriga hizo una serie de acusaciones y juicios en contra del perredista, al que acusó de intentar anular la elección, con lo que se evidenció el arranque de una campaña mediática en contra del tabasqueño.
En la concentración en el Zócalo capitalino, López Obrador pidió a los medios no cerrar sus puertas a la información que se viene generando sobre las irregularidades que se registraron en el 2 de julio y que son parte de los alegatos que la coalición Por el Bien de Todos ha presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Era evidente que para entonces ya empezaba a expresarse la “alineación” de los medios con el poder en turno.
La preocupación del candidato presidencial era más que justificable debido a los signos de intolerancia que en su contra –y de sus seguidores– se están expresando en distintos sectores sociales y en algunos medios de información, entre ellos los periódicos Reforma, Crónica, los programas radiofónicos de Pedro Ferriz de Con y Oscar Mario Beteta, y en Televisa.
El programa cómico de Televisa, “El privilegio de mandar”, dio una muestra de este ambiente de intolerancia en su última emisión. Rompiendo el hilo conductor que venían desarrollando de mofarse de todos y cada uno de los personajes políticos, esta vez se lanzaron a la yugular de López Obrador, exigiéndole que abandonara su derecho constitucional de presentar sus pruebas de irregularidades en el resultado electoral del 2 de julio.
El mensaje, obviamente tuvo que ser aprobado por los dueños de la empresa, Bernardo Gómez y Emilio Azcárraga Jean, quienes en distintos momentos han demostrado su aversión hacia López Obrador y su simpatía interesada por el PAN y Felipe Calderón.
Los enconos expresados en las calles y plazas públicas de los calderonistas-panistas en contra de los seguidores de López Obrador, a quienes tildan de “resentidos”, “nacos”, “pobretones”, etc., han sido motivados desde hace tiempo por la guerra sucia de spots que desplegaron el PAN, los empresarios y algunas agrupaciones de derecha, que pagaron millones de pesos para mostrar imágenes de guerrilla, violencia y caos, malamente vinculadas al PRD y la izquierda.
Algunos de estos medios, principalmente Televisa, se encargaron de difundir estos mensajes cargados de un alto contenido de resentimiento ideológico y clasista, los cuales llegaron a tierra fértil.
El presidente Vicente Fox también ha abonado este terreno de odio. Su expresión desafortunada, de llamarles “renegados” a los que piden la revisión del proceso electoral, evidencia su aversión personal hacia López Obrador y lo que representa socialmente.
La obsesión en contra de López Obrador no es nueva en Fox, y mucho menos en su esposa Marta Sahagún. Pero las expresiones públicas de este odio apenas comenzamos a descubrirlas y, sobre todo, a sopesarlas en su contexto político y social, pues a partir de la campaña electoral comenzó a manifestarse, con todo el poder de la Presidencia, provocando el encono social que hoy resentimos.
Pero quizá donde se ve con mayor nitidez la intolerancia provocada desde el gobierno y seguida por el PAN y Felipe Calderón, es en Internet. Allí el intercambio de descalificaciones, de acusaciones y de enconos se ha elevado a grados realmente graves. Los perredistas y seguidores de López Obrador acusan de “nazistas”, “ultraderechistas” e “hijos de Aznar” a los panistas. Pero los simpatizantes de Calderón han respondido con calificativos aún más graves por el odio clasista y racista que llevan consigo y concitan a la violencia.
“Nacos”, “hambreados”, “indios”, son al menos algunos de los calificativos que usan en sus mensajes los panistas para referirse a los perredistas. No sólo eso, las imágenes son más fuertes todavía. Una de ellas es la que más preocupa.
La caricatura que el cartonista Hernández hizo de López Obrador, que fue utilizada en miles de pegotes y playeras, en la que se ve al tabasqueño alzando el dedo pulgar en señal de triunfo, fue modificada por panistas anónimos.
Resulta que el mismo dibujo de López Obrador aparece en la pantalla pero, al momento de levantar el pulgar, se presenta una explosión en su cara, acto seguido aparece nuevamente el rostro del candidato presidencial perredista con un disparo en la frente. Con un hilo de sangre escurriendo en el rostro, ejecutado, el cuerpo del tabasqueño va cayendo hasta que desaparece.
Tal vez para muchos esto no es grave, porque se trata únicamente de una broma pesada. Sin embargo, la escena de la ejecución es de por sí preocupante. El mensaje es de una violencia que rebasa los límites de la confrontación verbal que hasta ahora habíamos presenciado. La broma revela hasta dónde están llegando los odios sociales y el peligro de que el clasismo y el racismo se manifiesten de manera violenta. Y eso no ayuda a nadie.
Históricamente se ha visto que si estos odios sociales y raciales no se detienen a tiempo, generan fenómenos de segregación y división sociales que, a la postre, derivan en una lucha violenta. No hay que olvidar que de la represión en 1968 y 1971 surgieron los primeros movimientos armados que sobrevivieron a la guerra sucia y que, de manera clandestina, se han transformaron en los grupos que hoy actúan.
Hasta ahora los niveles de intolerancia se han presentado con mayor fuerza entre los simpatizantes de Felipe Calderón, al menos es lo que hemos visto en televisión. Las burlas de los panistas, las expresiones del presidente Fox llamando “renegados” a los inconformes con el resultado electoral, sólo están generando más odios entre los grupos sociales que supuestamente fueron derrotados. Las actitudes del equipo calderonista, principalmente de Juan Molinar Horcasitas, ninguneando al adversario político, tampoco ayudan.
Dice el historiador Lorenzo Meyer que después de esta elección, México está viviendo una situación similar a la del siglo XIX, cuando se enfrentaban liberales contra conservadores. De alguna manera es una situación similar, salvo que ahora la historia es distinta y la confrontación está rebasando los niveles de la tolerancia y nos acercamos peligrosamente a los límites de la violencia social.
El 31 de agosto es el día límite para que el TEPJF dicte sentencia a las impugnaciones. La credibilidad del proceso comicial está en juego. Pero más allá de la determinación judicial, lo que realmente está en la mesa es la estabilidad social, porque no hay que olvidar que el país se dividió a la mitad en la elección del 2 de julio pasado.
Aún es tiempo de detener este encono, la responsabilidad la tienen el presidente de la República, el secretario de Gobernación, los líderes políticos, los empresarios y hasta los representantes de las iglesias y de los medios de comunicación, que hasta ahora solamente han mostrado la cara de la intolerancia. Pero sobre todo el Tribunal Electoral, que en sus manos tiene la posibilidad de darle credibilidad a esta elección manchada desde el poder institucionalizado.
José Gil Olmos
Aunque ya se tenía confirmada, la conversación con Joaquín López Dóriga fue cancelada sin ninguna explicación, cerrando así la oportunidad de conocer las impugnaciones que el tabasqueño ya tenía preparadas, entre ellas las grabaciones de Elba Esther Gordillo y Pedro Cerisola con el gobernador priista de Tamaulipas, Eugenio Hernández, haciendo proselitismo a favor de Felipe Calderón.
Cuatro días después se realizó la entrevista, pero más que un cuestionamiento, López Dóriga hizo una serie de acusaciones y juicios en contra del perredista, al que acusó de intentar anular la elección, con lo que se evidenció el arranque de una campaña mediática en contra del tabasqueño.
En la concentración en el Zócalo capitalino, López Obrador pidió a los medios no cerrar sus puertas a la información que se viene generando sobre las irregularidades que se registraron en el 2 de julio y que son parte de los alegatos que la coalición Por el Bien de Todos ha presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Era evidente que para entonces ya empezaba a expresarse la “alineación” de los medios con el poder en turno.
La preocupación del candidato presidencial era más que justificable debido a los signos de intolerancia que en su contra –y de sus seguidores– se están expresando en distintos sectores sociales y en algunos medios de información, entre ellos los periódicos Reforma, Crónica, los programas radiofónicos de Pedro Ferriz de Con y Oscar Mario Beteta, y en Televisa.
El programa cómico de Televisa, “El privilegio de mandar”, dio una muestra de este ambiente de intolerancia en su última emisión. Rompiendo el hilo conductor que venían desarrollando de mofarse de todos y cada uno de los personajes políticos, esta vez se lanzaron a la yugular de López Obrador, exigiéndole que abandonara su derecho constitucional de presentar sus pruebas de irregularidades en el resultado electoral del 2 de julio.
El mensaje, obviamente tuvo que ser aprobado por los dueños de la empresa, Bernardo Gómez y Emilio Azcárraga Jean, quienes en distintos momentos han demostrado su aversión hacia López Obrador y su simpatía interesada por el PAN y Felipe Calderón.
Los enconos expresados en las calles y plazas públicas de los calderonistas-panistas en contra de los seguidores de López Obrador, a quienes tildan de “resentidos”, “nacos”, “pobretones”, etc., han sido motivados desde hace tiempo por la guerra sucia de spots que desplegaron el PAN, los empresarios y algunas agrupaciones de derecha, que pagaron millones de pesos para mostrar imágenes de guerrilla, violencia y caos, malamente vinculadas al PRD y la izquierda.
Algunos de estos medios, principalmente Televisa, se encargaron de difundir estos mensajes cargados de un alto contenido de resentimiento ideológico y clasista, los cuales llegaron a tierra fértil.
El presidente Vicente Fox también ha abonado este terreno de odio. Su expresión desafortunada, de llamarles “renegados” a los que piden la revisión del proceso electoral, evidencia su aversión personal hacia López Obrador y lo que representa socialmente.
La obsesión en contra de López Obrador no es nueva en Fox, y mucho menos en su esposa Marta Sahagún. Pero las expresiones públicas de este odio apenas comenzamos a descubrirlas y, sobre todo, a sopesarlas en su contexto político y social, pues a partir de la campaña electoral comenzó a manifestarse, con todo el poder de la Presidencia, provocando el encono social que hoy resentimos.
Pero quizá donde se ve con mayor nitidez la intolerancia provocada desde el gobierno y seguida por el PAN y Felipe Calderón, es en Internet. Allí el intercambio de descalificaciones, de acusaciones y de enconos se ha elevado a grados realmente graves. Los perredistas y seguidores de López Obrador acusan de “nazistas”, “ultraderechistas” e “hijos de Aznar” a los panistas. Pero los simpatizantes de Calderón han respondido con calificativos aún más graves por el odio clasista y racista que llevan consigo y concitan a la violencia.
“Nacos”, “hambreados”, “indios”, son al menos algunos de los calificativos que usan en sus mensajes los panistas para referirse a los perredistas. No sólo eso, las imágenes son más fuertes todavía. Una de ellas es la que más preocupa.
La caricatura que el cartonista Hernández hizo de López Obrador, que fue utilizada en miles de pegotes y playeras, en la que se ve al tabasqueño alzando el dedo pulgar en señal de triunfo, fue modificada por panistas anónimos.
Resulta que el mismo dibujo de López Obrador aparece en la pantalla pero, al momento de levantar el pulgar, se presenta una explosión en su cara, acto seguido aparece nuevamente el rostro del candidato presidencial perredista con un disparo en la frente. Con un hilo de sangre escurriendo en el rostro, ejecutado, el cuerpo del tabasqueño va cayendo hasta que desaparece.
Tal vez para muchos esto no es grave, porque se trata únicamente de una broma pesada. Sin embargo, la escena de la ejecución es de por sí preocupante. El mensaje es de una violencia que rebasa los límites de la confrontación verbal que hasta ahora habíamos presenciado. La broma revela hasta dónde están llegando los odios sociales y el peligro de que el clasismo y el racismo se manifiesten de manera violenta. Y eso no ayuda a nadie.
Históricamente se ha visto que si estos odios sociales y raciales no se detienen a tiempo, generan fenómenos de segregación y división sociales que, a la postre, derivan en una lucha violenta. No hay que olvidar que de la represión en 1968 y 1971 surgieron los primeros movimientos armados que sobrevivieron a la guerra sucia y que, de manera clandestina, se han transformaron en los grupos que hoy actúan.
Hasta ahora los niveles de intolerancia se han presentado con mayor fuerza entre los simpatizantes de Felipe Calderón, al menos es lo que hemos visto en televisión. Las burlas de los panistas, las expresiones del presidente Fox llamando “renegados” a los inconformes con el resultado electoral, sólo están generando más odios entre los grupos sociales que supuestamente fueron derrotados. Las actitudes del equipo calderonista, principalmente de Juan Molinar Horcasitas, ninguneando al adversario político, tampoco ayudan.
Dice el historiador Lorenzo Meyer que después de esta elección, México está viviendo una situación similar a la del siglo XIX, cuando se enfrentaban liberales contra conservadores. De alguna manera es una situación similar, salvo que ahora la historia es distinta y la confrontación está rebasando los niveles de la tolerancia y nos acercamos peligrosamente a los límites de la violencia social.
El 31 de agosto es el día límite para que el TEPJF dicte sentencia a las impugnaciones. La credibilidad del proceso comicial está en juego. Pero más allá de la determinación judicial, lo que realmente está en la mesa es la estabilidad social, porque no hay que olvidar que el país se dividió a la mitad en la elección del 2 de julio pasado.
Aún es tiempo de detener este encono, la responsabilidad la tienen el presidente de la República, el secretario de Gobernación, los líderes políticos, los empresarios y hasta los representantes de las iglesias y de los medios de comunicación, que hasta ahora solamente han mostrado la cara de la intolerancia. Pero sobre todo el Tribunal Electoral, que en sus manos tiene la posibilidad de darle credibilidad a esta elección manchada desde el poder institucionalizado.
José Gil Olmos
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